Nueva York, 27 de marzo de 2026.- El juez federal Alvin Hellerstein dejó en suspenso la decisión sobre el financiamiento de la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el marco del proceso judicial que se sigue en su contra en Estados Unidos. Durante las audiencias recientes, el magistrado rechazó desestimar el caso, pero reconoció la complejidad jurídica que representa el bloqueo de activos venezolanos debido a las sanciones estadounidenses, lo cual impide al expresidente pagar a su representante legal privado.
La situación financiera de la defensa fue abordada tras los argumentos presentados por el abogado Barry Pollack, quien busca garantizar la representación de sus clientes a pesar de las restricciones económicas impuestas por Washington. El tribunal analiza actualmente posibles vías legales para destrabar el pago de los honorarios, mientras el proceso avanza con Maduro enfrentando cargos que incluyen narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.
Por otro lado, el presidente Donald Trump ha solicitado ampliar los cargos en contra del mandatario venezolano. En declaraciones públicas, el mandatario estadounidense afirmó que la captura de Maduro ha evitado la entrada de más drogas a territorio estadounidense y lo calificó como un importante traficante, aunque estas aseveraciones no han sido contrastadas con evidencia presentada formalmente en las fuentes del proceso judicial hasta el momento.
En medio del desarrollo legal, Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente y diputado venezolano, ofreció detalles sobre la condición de su padre. Según sus declaraciones, Nicolás Maduro se encuentra delgado, con perfil de atleta y en buen estado de ánimo. Esta descripción proviene exclusivamente del familiar y no ha sido confirmada por otras fuentes oficiales o informes médicos independientes dentro del expediente.
El periodista Arturo Ángel ha dado seguimiento a la cobertura periodística de este caso, destacando la tensión entre las peticiones ejecutivas de la Casa Blanca y los procedimientos judiciales en la corte neoyorquina. La definición sobre cómo se financiará la defensa completa podría marcar un precedente en casos donde los acusados están sujetos a sanciones económicas internacionales.
