Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación penal tras confirmarse un derrame de petróleo en el Golfo de México, el cual ha afectado aproximadamente 630 kilómetros de litoral entre Veracruz y Tabasco. La mandataria precisó que el origen principal del vertido fue un barco perteneciente a una empresa privada, aunque reconoció la posibilidad de un incidente menor vinculado a la refinería Dos Bocas sin detallar su relación exacta con el evento principal.
En sus declaraciones oficiales, Sheinbaum Pardo enfatizó que “sí hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la fiscalía también que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso”. Aunque exoneró a Petróleos Mexicanos (Pemex) como el causante directo, indicó que la petrolera estatal está prestando apoyo para la limpieza del océano y las playas contaminadas.
Para coordinar las acciones de mitigación, la presidenta instruyó personalmente al director de Pemex, Víctor Rodríguez, para que se trasladara a la zona afectada y evaluara la situación. “Le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza”, señaló la jefe del Ejecutivo, quien reiteró que “lo principal fue un barco de una empresa que tuvo ese derrame y que Pemex está ayudando a limpiar”.
El desastre ambiental abarca desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, en Tabasco, cubriendo casi la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. En respuesta al incidente, además de la FGR, participan en las evaluaciones y procedimientos la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aunque no se han especificado los roles detallados de cada entidad más allá de su participación en la investigación.
Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente el nombre del barco involucrado ni a la empresa propietaria del mismo, tampoco se ha dado a conocer el volumen exacto de hidrocarburos derramados o el tipo específico de delito penal que se investiga. La falta de claridad sobre la fecha exacta del evento inicial persiste, pues aunque algunas fuentes mencionan el 18 de marzo como fecha de registro, no ha sido confirmado oficialmente como el día del incidente.
La activación de la investigación penal marca un precedente en la respuesta gubernamental ante daños ambientales causados por terceros, diferenciando la responsabilidad operativa de la empresa privada de las labores de remediación asumidas por el Estado a través de Pemex. Las autoridades continúan con las evaluaciones en campo para determinar la magnitud total del impacto ecológico y las responsabilidades legales correspondientes.
