Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Diversos gobiernos de América Latina enfrentan acusaciones formales por represión estatal, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, según denuncias presentadas por organizaciones internacionales, activistas y familiares de víctimas. Los casos abarcan desde el endurecimiento de políticas migratorias en Argentina hasta la confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua, así como la desaparición de deportados salvadoreños.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha sido señalado por el desmantelamiento de políticas de memoria y un aumento en las expulsiones de migrantes. Datos indican que 5,000 personas no fueron admitidas o fueron expulsadas del país en los últimos dos meses, mientras que en 2024 se registraron 620 deportaciones, un incremento del 40% respecto al año anterior. Activistas y economistas como Mercedes D’Alessandro han cuestionado estas medidas, que se inspiran en modelos restrictivos similares a los promovidos por Donald Trump en Estados Unidos.
Simultáneamente, en Venezuela y Nicaragua, los gobiernos de Nicolás Maduro y la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrentan denuncias por desapariciones forzadas y la confiscación de activos de opositores políticos. Figuras como Lilian Tintori, Enrique Márquez y Leopoldo López han sido mencionadas en reportes sobre la persecución estatal. Asimismo, se reporta la desaparición del dirigente chavista Carlos Brenes, sin que se hayan proporcionado detalles oficiales sobre su paradero o los cargos específicos en su contra.
La crisis se extiende a El Salvador, donde autoridades estadounidenses y salvadoreñas acusan a deportados de pertenecer a la pandilla MS-13, una afirmación que familias y organizaciones como Human Rights Watch (HRW) niegan para la mayoría de los casos. Se destaca la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde EE.UU., entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, quien es identificado como líder pandillero, aunque no existe evidencia pública que vincule al resto de los desaparecidos con actividades criminales. En 2025, más de 9,000 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos, de los cuales solo el 10% tenía antecedentes penales.
Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, ha emitido comunicados oficiales denunciando estas prácticas como parte de un patrón regional de impunidad y violación de garantías fundamentales. Por su parte, familiares de víctimas como Thelma Brenes y activistas como Amaru Ruiz han elevado su voz para exigir verdad y justicia, aunque sus declaraciones específicas no han sido detalladas en los reportes iniciales. La organización también cuestiona la falta de respuesta oficial del gobierno salvadoreño ante las acusaciones de desaparición forzada.
En el ámbito socioambiental, vecinas de Mendoza, Argentina, incluyendo a Macarena Limousin, lideran protestas relacionadas con proyectos mineros, aunque el estatus legal del proyecto San Jorge (PSJ Cobre Mendocino) no ha sido especificado en las fuentes consultadas. Este mosaico de crisis refleja un endurecimiento de las políticas estatales en la región, donde la disidencia y la migración son tratadas con medidas excepcionales que derivan en la supresión de derechos básicos.
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones de derechos humanos instan a la comunidad internacional a monitorear la situación, especialmente ante la falta de claridad sobre el estado de salud de algunos opositores liberados y la ausencia de pruebas concretas que respalden las acusaciones gubernamentales contra migrantes y disidentes políticos en varios países de la región.
