Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado su denominado “Plan B” de reforma electoral, una iniciativa que busca reducir privilegios en gobiernos locales y ajustar el gasto público tras el rechazo de su propuesta original en la Cámara de Diputados. La nueva iniciativa, presentada formalmente este martes, establece topes al número de regidores por municipio, limita el presupuesto de los congresos locales y modifica las reglas para la revocación de mandato, permitiendo que la propia mandataria haga campaña y adelantando el proceso al tercer año de gobierno.
El proyecto constitucional y legal, explicado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se enfoca en “disminuir los privilegios, excesos, en el ejercicio de la función pública” y aplicar la política de austeridad en el sistema electoral. Según la presidenta, el plan “va por menos privilegios y más participación” ciudadana. Entre las medidas concretas se encuentra la reducción del número de regidores por cabildo, que actualmente puede llegar hasta 25 en algunos municipios, a un rango de siete a 15, dependiendo del tamaño de la población.
Para los congresos locales, la iniciativa fija un tope presupuestal del 0.70% del presupuesto total del estado. Aquellas legislaturas que gasten por debajo de ese límite solo podrán aumentar su presupuesto en términos reales, mientras que las que excedan el porcentaje deberán reducirlo. El Senado de la República también aplicará una reducción del 15% a su gasto. Además, se establece que ningún consejero o magistrado electoral, federal o local, podrá percibir un salario superior al de la presidenta de la República.
En materia de participación ciudadana, el Plan B propone modificar la consulta de revocación de mandato para que se realice el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, y no solo en el cuarto, como está previsto actualmente. La reforma también autoriza explícitamente a la titular del Ejecutivo a hacer campaña durante este proceso. Sheinbaum defendió la necesidad de insistir en la reducción del gasto electoral, que “es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos”.
La propuesta llega al Senado con el respaldo anunciado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyo coordinador, Manuel Velasco, manifestó su apoyo. Sin embargo, existe una contradicción interna, ya que el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa del texto. La oposición, encabezada por la senadora del PAN Kenia López Rabadán, ya ha manifestado su rechazo, calificando la iniciativa como un intento por concentrar poder. La iniciativa debe ser aprobada antes de septiembre de 2026 debido a restricciones constitucionales.
El contexto político indica que este Plan B es el segundo intento de la administración de Sheinbaum por modificar el sistema electoral, luego de que su primera propuesta, más amplia y que incluía cambios a la representación proporcional y reglas para el uso de inteligencia artificial en campañas, fracasara por falta de apoyo, incluso de sus aliados del PT y el PVEM. El gobierno estima que las nuevas medidas podrían generar un ahorro aproximado de 4,000 millones de pesos, recursos que, según se promete, se destinarían directamente a estados y municipios.
