Ciudad De México, 29 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la propuesta de la Ley Nacional de los Pueblos Indígenas ya está lista y anunció el inicio de una consulta nacional con los pueblos originarios para enriquecer el documento antes de su envío al Legislativo.

Durante el anuncio, la mandataria explicó que el objetivo es presentar la iniciativa el próximo 12 de octubre ante la Cámara de Diputados para iniciar su proceso de aprobación. “Vamos a dar inicio a esta consulta. Una vez que sea mejorada, aprobada, lo que digan los pueblos, se presenta al congreso y el objetivo es que el 12 de octubre, lo que alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los pueblos, sea entregada a la Cámara de Diputados”, señaló Sheinbaum.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, detalló que esta consulta permitirá recibir opiniones sobre la propuesta de iniciativa. En el proceso participarán 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

El ejercicio estará encabezado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de Presidencia. Además, contarán con la participación de 21 dependencias gubernamentales, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fungirá como observadora.

La consulta se desarrollará en cinco etapas, las cuales contemplan la realización de 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo particulares. Las propuestas y recomendaciones derivadas de estos espacios se incorporarán al proyecto legislativo a más tardar el 11 de octubre, previo a su presentación formal ante el Poder Legislativo.

Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, indicó que la ley tiene por objeto promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de estos grupos. El documento establece principios para que los pueblos y comunidades constituyan y ejerzan su personalidad jurídica de manera colectiva, define un régimen constitucional de autonomía indígena eficaz en niveles comunitario, municipal y regional, y garantiza los derechos de mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana mediante acciones afirmativas y reparatorias.

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