Morón, 26 de junio de 2026.- El gobierno cubano liberó a Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, quien estaba recluido en la prisión de alta seguridad Canaleta en Ciego de Ávila. Organizaciones de derechos humanos confirmaron la salida del joven, quien había pasado más de tres meses tras las rejas tras ser detenido durante las protestas del 13 de marzo en Morón.

Las autoridades acusaron al adolescente de ‘sabotaje’. Su detención ocurrió después de que se uniera a las manifestaciones provocadas por apagones paralizantes y escasez generalizada de alimentos. Laritza Diversent, abogada y activista de derechos humanos exiliada en Estados Unidos, señaló que este caso expone la criminalización sistemática de menores que participan en protestas sociales en Cuba.

“It is extremely worrying that the state uses criminal procedures to deprive minors of their liberty and send them to closed penitentiary centers”, dijo Diversent. La fundadora de Cubalex indicó que su grupo había identificado a cuatro menores encarcelados por participar en la protesta de Morón, incluido Muir Burgos.

La activista advirtió que la liberación de Muir Burgos ha sido recibida con profunda cautela por las organizaciones de derechos humanos. Diversent insiste en que este paso no representa el fin de la política represiva del régimen cubano contra las manifestaciones ciudadanas, sino una táctica recurrente de supervivencia política y liberaciones controladas de prisioneros.

“It is important, especially in the context of protests over the deterioration of the country’s conditions, to note that minors are often the ones taking on the role of demonstrating and that the state responds without regard for the legal and social characteristics of these youths”, agregó Diversent. Ella prefiere el término técnico ‘liberación bajo custodia’ en lugar de ‘libertad’, ya que el menor permanece bajo el poder punitivo del estado.

La detención de Muir Burgos no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón punitivo que tomó forma tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Desde entonces, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha usado el sistema judicial para sofocar el descontento social mediante sentencias duras y ejemplares, incluso dirigidas a adolescentes.

Bajo el Código Penal cubano revisado en 2022, los adolescentes son responsables penalmente a partir de los 16 años. Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Justicia 11J reportan que cientos de menores han sido sometidos a procesos previos al juicio o han sido sentenciados a detención, violando convenciones internacionales sobre protección de los derechos de los niños.