Ciudad De México, 22 de junio de 2026.- El gobierno mexicano ha solicitado más pruebas a Estados Unidos respecto a los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, tras existir un expediente estadounidense en su contra y la de nueve cómplices por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que, hasta el momento, no observa elementos suficientes para proceder con una detención provisional urgente del funcionario.

En contraste con la postura federal, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió que no se olvide el caso y exigió que Rocha Moya sea entregado a la justicia. La mandataria estatal afirmó que México atraviesa una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, declaró Campos.

La exigencia de la gobernadora de Chihuahua ocurre en un contexto donde ella misma es investigada por la FGR debido a la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en su estado. En dicho operativo antinarcóticos murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA, cuya participación operativa no había sido informada al gobierno mexicano.

Maru Campos fue vinculada a proceso en 2021 por el presunto delito de cohecho relacionado con la ‘nómina secreta’ del exgobernador César Duarte. A pesar de las investigaciones en su contra, la gobernadora enfatizó su postura sobre la soberanía: “Estoy total en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”.

Ante este escenario, el oficialismo ha acusado a la oposición de utilizar el caso de Rocha Moya con fines políticos. Simultáneamente, sectores oficialistas señalan a Maru Campos por violar leyes mexicanas y la soberanía nacional al permitir injerencias desde el exterior, marcando posturas opuestas dentro del país respecto a la cooperación y los procesos legales internacionales.