Ciudad De México, 18 de junio de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil entregaron una carta a la representación de Yucatán en la Ciudad de México, encabezada por Víctor José López Martínez, dirigida al gobernador Joaquín Díaz Mena. En el documento exigen un alto a la criminalización del activista Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal de la comunidad maya de Santa María Chí, en Mérida.
El proceso legal contra el comisario se deriva de su liderazgo en la defensa de la comunidad frente a la operación de la megagranja de Grupo Porcícola San Gerardo. Según las organizaciones, esta instalación “operó durante años sin cumplir con las autorizaciones ambientales requeridas, contaminando el acuífero kárstico, el suelo y el aire de la región”.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) determinó, en abril de 2026, el retiro de más de 41 mil cerdos y la clausura definitiva de las instalaciones. Pese a la clausura, la empresa inició denuncias penales en contra del activista por los delitos de privación ilegal de la libertad y despojo.
Un juez dictó el sobreseimiento en octubre de 2025, pero la compañía apeló la resolución, lo que ha mantenido el proceso activo. El caso de Wilberth Nahuat Puc ha sido documentado por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
