Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- Mientras las estadísticas oficiales reportan una disminución sensible de homicidios dolosos respecto a las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la ciudadanía expresa percepciones de inseguridad vinculadas a robos cotidianos y a la falta de resultados de las policías municipales y estatales. De acuerdo con indagaciones de grupos de observadores, el 95 por ciento de los delitos no se denuncian y poco menos del 90 por ciento de las investigaciones no concluyen en sentencias que saquen a los delincuentes de circulación.

En este contexto, mensajes detectados en medios extranjeros indican que el Gobierno de Estados Unidos está dando prioridad a la participación del crimen organizado en procesos electorales municipales y estatales, con miras a los comicios de 2027. Algunas decisiones del Tesoro y actividades de seguridad nacional de la Casa Blanca han colocado aparatos de investigación sobre cárteles que se fortalecieron durante la estrategia de “abrazos, no balazos” del tiempo lopezobradorista.

Según la investigación, grandes capos capturados o extraditados están siendo interrogados para obtener elementos sobre la configuración del poder político y criminal en zonas bajo influencia financiera del delito. Se señala que Estados Unidos no busca desaparecer a los cárteles, sino tomar el control de la producción y administrar el contrabando para satisfacer necesidades de adictos y acceder a recursos multimillonarios, utilizando al narcotráfico como herramienta de control sobre nuevos grupos morenistas vinculados al huachicol fiscal y al tráfico de drogas en Sinaloa.

A nivel local, uno de los expedientes más complicados es la venta de drogas en la Ciudad de México y los delitos asociados al ambulantaje controlado por grupos delictivos organizados. Aunque el problema es conocido en altos niveles de poder, no se ha podido combatir debido a la ramificación de intereses criminales. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con alrededor de 80,000 elementos, opera al límite de su capacidad debido a personal en incapacidad, vacaciones o funciones administrativas.

La carga de trabajo de los policías en activo rebasa considerablemente sus jornadas laborales, situación que se agrava con eventos masivos. Recientemente, en un partido amistoso entre México y Portugal, se movilizaron casi 11,000 elementos de la SSC, dejando desatendidas diversas colonias. A 55 días del arranque del Mundial, se proyecta un despliegue extraordinario para cinco partidos, la seguridad de delegaciones extranjeras y los “Fan Festivals” en las 16 alcaldías, incluyendo uno en el Zócalo con un estimado de 60,000 asistentes diarios durante 39 días.

Respecto al panorama político, análisis señalan que la Cuarta Transformación de la Nación, originada para contener antagonismos del neoliberalismo, derivó en una “prometida mutación” que incrementó la corrupción y dio continuidad a la narcopolítica. Se afirma que tanto el Estado neoliberal como el actual han sido cómplices de este fenómeno, trastocando el Estado de Derecho, aunque existen excepciones entre togados y funcionarios que intentan combatir la impunidad.

Finalmente, se destaca que bajo la gobernanza de Claudia Sheinbaum Pardo, la justicia parece impotente e ineficiente ante la dominación de la narcopolítica, la cual se ha convertido en un poder extraordinario ajeno a los ideales constitucionales. No existe actualmente ningún programa concreto y verificable para reformular la estructura judicial que recibe denuncias de fuero común, manteniéndose los ministerios públicos y policías de investigación sin cambios sustanciales.