Washington, 28 de mayo de 2026.- Estados Unidos reintrodujo el miércoles las sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. La lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) ha sido actualizada para incluir nuevamente el nombre de Albanese entre los sancionados, una medida que le impide utilizar las principales tarjetas de crédito o realizar transacciones bancarias.

La Administración de Donald Trump había retirado las sanciones contra ella hace tan solo una semana, después de que un juez federal de Washington suspendiera las medidas impuestas en 2025 por el Gobierno del republicano contra la jurista italiana. En la decisión publicada el pasado día 13, el magistrado concluía que la Administración de Trump probablemente violó su derecho a la libertad de expresión, señalando que la relatora hizo “más que hablar”.

Sin embargo, la decisión fue frenada el pasado viernes por un tribunal de apelaciones, que concedió medidas cautelares tras una moción de urgencia presentada por la Administración del republicano ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Un panel formado por tres magistrados de este tribunal emitió una suspensión administrativa de la resolución del juez federal, lo que permitió al Gobierno estadounidense volver a aplicar la designación de Albanese como nacional extranjera sancionada.

La orden del tribunal de apelaciones indicó que la medida era de carácter procesal y “no debe interpretarse de ninguna manera como un fallo sobre el fondo” de la apelación. Con esta suspensión vigente, Cali y su hija, quienes tienen ciudadanía estadounidense y por quienes se presentó el caso, podrán ahora apelar la moción de urgencia.

La medida es una represalia por las críticas de la jurista italiana a la ofensiva israelí en la franja de Gaza y al trato que somete a los palestinos. La primera vez que el Gobierno Trump impuso sanciones contra Albanese fue en julio de 2025, dentro de un conjunto de sanciones aplicadas también a 11 jueces, fiscales y juristas del Tribunal Penal Internacional (TPI). En aquella ocasión, el Gobierno estadounidense justificó su decisión alegando que era una respuesta a las iniciativas de Albanese para que el TPI juzgara a funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes.