Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y aseguró que continuará con la defensa del sistema de justicia profesional ante intentos de desmantelarlo. La organización señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos.
En un comunicado, la Jufed aseveró que “cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos”. Los integrantes del Poder Judicial, tanto en activo como en retiro, enfatizaron que su juramento de defender la Constitución es un compromiso ético con la división de poderes y no una fórmula vacía.
La asociación destacó que el Juicio de Amparo constituye el “último baluarte” que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, indicaron. Asimismo, exigieron que se atiendan las condiciones de quienes imparten justicia y se cuente con perfiles experimentados sin contaminación partidista.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renovaran paulatinamente, y que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente ciudadanía mexicana y no nacionalidad por nacimiento.
En el contexto de las reformas recientes, datos indican que en los últimos dos sexenios magistrados y ministros desecharon cientos de amparos promovidos contra grandes obras de infraestructura o enmiendas constitucionales. Entre estos casos destacan la luz verde a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en 2019, la revocación de amparos contra el Tren Maya en Yucatán en 2022, y la cancelación de un amparo contra la refinería de Dos Bocas en Tabasco en 2020.
Tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda, la cual fue determinada como vigente y legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de ese mismo año. Previamente, en enero de 2025, la extinta segunda sala de la SCJN revocó seis recursos de empresas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Finalmente, respecto a la elección de juzgadores prevista para 2027, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios mediante urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no existen garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó la funcionaria electoral.
