Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de rentas justas con el objetivo de combatir la gentrificación y el desplazamiento de los habitantes. Durante la presentación, Brugada Molina afirmó que “la Ciudad de México enfrenta una crisis de vivienda”.
La propuesta establece que los precios de las rentas no podrán subir por encima de la inflación anual reportada por el INEGI. Al respecto, la mandataria capitalina señaló que busca “establecer un límite constitucional al crecimiento de los alquileres”, pues indicó que “el precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025” y que “en algunas zonas el costo de los alquileres aumentó más del 30 por ciento en años recientes”.
Según los datos expuestos, dos millones de personas habitan en inmuebles rentados en la capital. Juan Pablo de Botton Falcón destacó que “dos de cada tres jóvenes viven en viviendas rentadas y solo uno de cada diez cuenta con vivienda propia”. Por ello, la iniciativa reconoce el derecho al arraigo vecinal y comunitario, enfocando las políticas públicas prioritariamente en poblaciones juveniles y grupos de atención prioritaria.
Entre otros puntos, la reforma impone al Gobierno la obligación de articular una política integral para incrementar la oferta de vivienda social y asequible. Asimismo, se propone la creación de una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos y obligaciones inquilinarias. Medios especializados indicaron que estas medidas “pretenden equilibrar las relaciones entre arrendadores y arrendatarios”.
Clara Brugada Molina informó que la discusión formal en el Pleno se realizaría “a partir del próximo periodo de sesiones en el mes de septiembre”. Esta presentación ocurre tras antecedentes recientes donde el Gobierno de la Ciudad de México atendió a colectivos que exigían vivienda digna tras protestas en el Zócalo Ciudadano, proponiéndose entonces la realización de encuentros de trabajo en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (INVI) y en el Edificio de Gobierno.
