Ciudad De México, 14 de abril de 2026.- Los ejidos y comunidades de México, que representan el 50.7% del territorio nacional con 3,266 núcleos agrarios, enfrentan un rezago en su estructura legal: solo el 48% cuenta con sus órganos de representación actualizados.

Esta situación impide a los núcleos agrarios realizar trámites esenciales, como abrir cuentas bancarias, obtener su registro federal de contribuyentes o solicitar apoyos a dependencias federales para la explotación de bosques.

Arturo García Jiménez, asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, calificó el escenario como “preocupante” y señaló que se “requieren un cambio de timón” para devolver la tierra a los despojados y establecer candados a los elementos jurídicos que facilitaron los hurtos.

De las 8,764 solicitudes de depuración de padrones recibidas por el Registro Agrario Nacional, que representan el 27% del total de núcleos agrarios del país, únicamente 1,589 se han actualizado, lo que equivale al 4.9%.

Además, solo el 25% de los ejidos ha elaborado o renovado su reglamento interno o estatuto comunal, y la mayoría de estos documentos está mal elaborado. En contraste, el 64% de los ejidatarios sí tiene actualizada su lista de herederos.

Este marco legal tiene origen en la Ley Agraria promulgada en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, la cual permitió la privatización de la tierra mediante certificados de dominio pleno. Esta legislación facultó a los ejidatarios para vender o rentar sus tierras a empresarios nacionales y extranjeros a través de concesiones mineras, explotaciones forestales, agricultura por contrato y captura de carbono.