Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- Diversos procesos judiciales marcan la agenda contra exfuncionarios públicos y figuras mediáticas, incluyendo casos de corrupción en Los Cabos, disputas legales entre conductores y delitos de alto impacto.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El exfuncionario quedó sujeto a proceso por la contratación de una empresa financiera que debía gestionar un crédito bancario para el gobierno municipal de Los Cabos.
A pesar de que la gestión del crédito nunca se llevó a cabo, el ex oficial mayor autorizó el pago de 14 millones 170 mil 560 pesos a la empresa financiera. El exalcalde Óscar Leggs Castro y el extesorero Martín Talamantes fueron los primeros dos exfuncionarios del Ayuntamiento de Los Cabos vinculados a proceso por el mismo delito.
El juez de Control determinó tres medidas cautelares para Alan Sotelo: firma periódica quincenal, prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y prohibición de acercarse o comunicarse con testigos y/o denunciantes. La Fiscalía señala a cinco exfuncionarios del gobierno de Óscar Leggs por haber celebrado y firmado un contrato para conseguir un crédito autorizado por 300 millones de pesos.
En el ámbito mediático, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral. Cabezut asegura que Jiménez difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso por presunto abuso y que la información es errónea.
Patricio Cabezut dijo: “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”. Carlos Jiménez respondió a la amenaza de demanda, asegurando que no lo van a callar y refrendó que Cabezut está vinculado a proceso.
Por otro lado, Doña Carlota Alfaro, la mujer que habría asesinado a dos hombres que invadieron su casa en Chalco, Estado de México, relató el miedo que sintió por su vida y la de sus hijos antes del enfrentamiento. Doña Carlota aseguró que actuó en defensa propia, pues su mayor angustia era la seguridad de sus hijos, Mariana y Lalo.
Finalmente, la defensa de Omar Bravo solicitó llevar el proceso de su cliente en libertad bajo fianza, pero quedó negado y seguirá en prisión preventiva. Omar Bravo, acusado por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años de edad, seguirá recluido en el Penal de Puente Grande de Jalisco.
