Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, con el objetivo de que la Asamblea General adopte medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito. La decisión se basa en lo que el organismo describe como una “imperante impunidad” y patrones sistemáticos de desaparición en el país.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que para tomar esta determinación se consideró que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. Además, el CED destacó que a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento considerable frente a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021.
En su informe, el Comité mencionó una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones. Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos habían sido judicializados y se habían dictado apenas 36 sentencias a nivel nacional. En 2023, el organismo insistió en la deficiencia en la judicialización, la persecución penal y el uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas en Coahuila, uno de los cuatro estados donde el Comité tomó casos paradigmáticos, junto con Nayarit, Veracruz y Jalisco. También se señaló la prevalencia del delito en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. En Coahuila, se identificaron patrones de colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo detenciones ilegales para entregar víctimas a grupos criminales.
De acuerdo con la FIDH, entre 2009 y 2012 fuerzas policiales de Coahuila secuestraron a víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas, mientras que entre 2012 y 2016 autoridades estatales llevaron a cabo desapariciones directamente a través de fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM. El informe destacó el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de estos delitos durante los periodos de Humberto Moreira Valdez, Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdez.
El CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad. Como parte de su visita en 2021, el Comité había entregado 84 recomendaciones al gobierno mexicano. Testimonios recibidos ese año relataban desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos ante la inacción de las autoridades.
En respuesta al informe, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno declararon que el documento no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco señaló que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. El gobierno federal argumentó que las desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que actualmente existen marcos legales, comisiones de búsqueda y programas de subsidio para mejorar la situación.
El 3 de abril de 2026, el gobierno federal dio a conocer una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con una nueva clasificación de casos. El informe del Comité coincide en tiempo con el reporte oficial de que existen más de 130 mil personas desaparecidas en el país.
