Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el 7 de abril de 2026 el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al afirmar que el documento tiene ‘otra orientación’ cuyo propósito es criticar al Gobierno de México.
Sheinbaum negó que la crisis de desaparecidos en México pueda ser un crimen de lesa humanidad y criticó el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) por sus ‘debilidades’ y su ‘orientación’. La mandataria sostuvo que la desaparición forzada generada desde el Estado fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘guerra sucia’ y que ‘eso ya no ocurre’.
“Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘guerra sucia’ (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada”, declaró Sheinbaum.
Por su parte, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, defendió el proceso y precisó que el análisis examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones sostenidas con el Estado mexicano desde 2012. Albán declaró que el Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional.
El informe del CED sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen carácter generalizado o sistemático por parte del Estado y recomienda elevar el caso ante la Asamblea General de la ONU a través del secretario general António Guterres. Sheinbaum insistió en que el Gobierno de México está haciendo un esfuerzo para erradicar el delito de desaparición y para encontrar a las personas desaparecidas junto con sus familias.
Ante esto, Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ofrecerá una conferencia de prensa para exponer la postura técnica del gobierno. Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro Prodh, respaldaron la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General.
