Morelia, 07 de abril de 2026.- Comuneros de Arantepacua tomaron las calles de Morelia para exigir justicia por la represión policial del 5 de abril de 2017, en el noveno aniversario de una irrupción que dejó cuatro personas muertas. Los actos vandálicos incluyeron la quema de vehículos y múltiples destrozos en edificios públicos.
Decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, inmueble que atacaron con cohetones. Las protestas iniciaron alrededor de las 10:30 de la mañana, según reportes de los hechos.
Los manifestantes realizaron pintas con la consigna ‘5 de abril no se olvida’ a su llegada a la Secretaría de Educación del Estado, donde también rompieron cristales. Otros edificios vandalizados fueron la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, una sucursal bancaria, la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Infonavit y el Instituto de la Juventud Moreliana.
Entre los actos documentados se registró el incendio de dos camiones repartidores de agua, el saqueo de un camión de jugos y la toma de una camioneta de gas LP. También vandalizaron un cajero bancario, dos tiendas y una gasolinera, además de destrozar la camioneta de una paquetería y una motocicleta repartidora.
Se documentó la toma de una camioneta de la Guardia Civil, cuyo conductor fue golpeado. Una camioneta del Gobierno de México también fue vandalizada. Los primeros reportes informaron sobre la presencia de encapuchados, armados con palos, piedras y cohetes.
A su llegada al Poder Judicial del Estado de Michoacán los manifestantes colocaron dos lonas con consignas contra el exgobernador Silvano Aureoles. Se registró irrupción y sustracción de expedientes en instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción.
El 5 de abril de 2017, el Gobierno de Michoacán, encabezado en ese entonces por Silvano Aureoles, instruyó un operativo policial en la comunidad indígena de Arantepacua que cobró la vida de cuatro personas: Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo y Luis Gustavo Hernández Coherentes. También se denunciaron detenciones arbitrarias, actos de tortura y cateos ilegales.
En 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que la policía estatal hizo uso excesivo, ilegal y desproporcionado de la fuerza en Arantepacua. Por este hecho, la Fiscalía de Michoacán obtuvo 16 órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios responsables.
