Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La solicitud ha sido remitida al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la haga llegar al máximo órgano de las Naciones Unidas.
El CED concluyó que la información recibida contiene “indicios bien fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que lo que define esta categoría no es que los actos sean orquestados desde las altas esferas del gobierno, sino “la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
Como prueba de la gravedad, el organismo citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar. Además, señaló que ha recibido información sobre la posible participación directa de funcionarios públicos en desapariciones, o al menos su apoyo o aquiescencia, aunque reconoció que no existen indicios de una política federal para cometer ataques sistemáticos.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente la resolución, calificando el informe de “tendencioso y sesgado”. Las autoridades mexicanas afirmaron que el documento ignora las actualizaciones presentadas por la administración actual y se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La SRE declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
El gobierno federal argumentó que el marco del CED no corresponde a la realidad del país, pues el procedimiento está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de manera generalizada por agentes del Estado. Asimismo, lamentó que el comité rechazara revisar la información actualizada proporcionada el 27 de marzo y cuestionó el rigor jurídico del documento, señalando que al menos uno de los integrantes del CED trabajó para organizaciones que han denunciado al Estado mexicano.
Pese al desacuerdo, México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que “no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año”. Las autoridades destacaron reformas clave implementadas en julio de 2025, como la Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró “deplorable” la respuesta del Estado mexicano y lamentó que “no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”. Corcuera advirtió que la reacción gubernamental es “una muy mala señal” y aclaró que la responsabilidad internacional abarca todos los órdenes de gobierno, independientemente de si los actos son cometidos por particulares.
