Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- La SCJN preparará la discusión de un proyecto para validar que el IMPI pueda ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet, mientras recibió una solicitud para realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa.
El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno de la SCJN el proyecto derivado de un amparo en revisión tras la negativa de protección a la empresa Total Play. El proyecto se listó para discusión el 9 de abril de 2026, mismo día en que se programó otro asunto relativo al empresario Ricardo Salinas Pliego.
El caso comenzó el 25 de julio de 2024, cuando varias empresas denunciaron ante el IMPI la difusión ilegal de películas. El organismo admitió el trámite en agosto de 2024 y ordenó en octubre a proveedores, entre ellos Total Play, bloquear los sitios. La empresa promovió amparo en noviembre de 2024 argumentando que la orden invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones y viola la libertad de expresión.
Por otro lado, un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó el 25 de marzo de 2026 una petición formal respaldada por 600 firmas ciudadanas. La solicitud fue dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, para exigir a los ministros realizar una audiencia pública antes de emitir un fallo.
La entrega fue realizada por representantes, entre ellos los personajes centrales de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), como Daniel García Rodríguez. Él fue sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia. También participaron otros involucrados en casos similares mediáticos como Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta.
“Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”, declaró Daniel García Rodríguez.
El asunto de la prisión preventiva oficiosa sigue pendiente de discusión en la SCJN, en cumplimiento de las sentencias de la Coridh en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023). En esos casos, el Estado mexicano fue condenado por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
Adicionalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la visitaduría regional del órgano de evaluación del desempeño judicial para las regiones Ciudad de México uno y dos. La magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, señaló que la disciplina judicial debe asumirse como “una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”.
