Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) emitió una resolución que confirma la existencia de infracciones constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG) cometidas por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La sanción del órgano judicial también se aplica al dirigente Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo (PT).

El Tribunal determinó que los señalamientos realizados durante las denominadas Jornadas por la Paz vulneran la investidura de la gobernadora, al reproducir estereotipos de género y generar confusión deliberada sobre la titularidad y legitimidad del Poder Ejecutivo del Estado. Las medidas dictadas incluyen una amonestación pública, el registro de las personas sancionadas en el Registro Nacional y Estatal correspondiente, y la obligación de acreditar la toma de cursos de capacitación en perspectiva de género y derechos humanos.

Por otro lado, Jaime Bonilla Valdez enfrenta acusaciones formales de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones por el contrato de construcción de una planta de energía solar en el Valle de Mexicali. El acuerdo obligaba al Gobierno de Baja California a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, con garantía de pago de las participaciones federales. Pese a que la empresa no construyó la planta, el gobierno estatal realizó transferencias con recursos públicos; en 2022, la banca Afirme cobró la primera mensualidad cuando solo existía una piedra como evidencia del inicio de la obra.

Ante estos procesos, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el caso de la planta fotovoltaica y los incidentes recientes, dejando la determinación a las autoridades de justicia. Respecto a las consignas contra la alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, ocurridas en el Senado, Sheinbaum señaló: “Si esto es violencia política de género o no, pues ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes. Pero son dos temas distintos, nuestra solidaridad y apoyo con Grecia siempre”.

La mandataria añadió que “son temas políticos que tienen que ver con las disputas y más ahora que se viene el periodo electoral”, aunque aseguró que “estamos atendiendo a Uruapan, a ella y a Michoacán”. En declaraciones previas, indicó: “Yo se lo dejo a las instituciones de justicia, que ellos determinen si hubo una falta si no hubo una falta”.

En un caso paralelo, la diputada Ivonne Ortega denunció la falta de apoyo en la Cámara de Diputados para continuar la investigación por violencia de género contra el diputado Cuauhtémoc Blanco. Ortega fijó como plazo máximo para la firma de un exhorto el 27 de marzo de 2026, fecha ya pasada, y lamentó la situación: “De las 253 que somos en la Cámara (…) He convocado a mis compañeras en diferentes días, en lo personal, lo subí a la tribuna, a través de redes sociales, pero parece que ninguna vía es pertinente. A este momento solo hemos firmado diputadas del Movimiento Ciudadano”.

El exhorto impulsado por Ortega solicita a la Fiscalía de Morelos entregar el expediente penal, garantizar que el caso no se congele ni tenga privilegio del fuero, dar seguimiento al proceso por presunta violación en grado de tentativa y retomar el tema del desafuero en la Cámara de Diputados.