Ciudad De México, 29 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el 27 de marzo de 2026 el fallecimiento de un ciudadano mexicano cuya identidad no fue revelada, mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en el estado de California. Con este deceso, los casos de connacionales muertos en instalaciones de esa agencia federal estadounidense ascienden a 14.
Según un comunicado de la cancillería mexicana, la muerte se registró en el mencionado centro de procesamiento y la causa del fallecimiento no ha sido esclarecida. La víctima fue trasladada a un hospital en Victorville, California, donde murió, sin que las autoridades migratorias precisaran las circunstancias del traslado. El Consulado de México en San Bernardino activó el protocolo consular para establecer contacto con los familiares del connacional.
En otro frente legal, la jueza federal Sheri Polster Chappell ordenó al ICE permitir que los migrantes detenidos en el centro ‘Alligator Alcatraz’, en Florida, accedan a abogados. La magistrada exigió a la agencia migratoria y a la División de Gestión de Emergencias de Florida publicar información sobre cómo los representantes legales pueden contactar a los detenidos, respondiendo a denuncias de violaciones al debido proceso en el sitio.
La tensión diplomática y social se refleja también en acciones individuales. Neiyerver Adrián León Rengel, un ciudadano venezolano de 28 años, demandó a Estados Unidos por 1.3 millones de dólares alegando daños y perjuicios tras ser deportado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. El demandante sostiene que el gobierno del presidente Donald Trump le negó su derecho al debido proceso y lo identificó erróneamente como miembro de una pandilla.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la ampliación del muro fronterizo impulsada por el gobierno estadounidense mediante el programa One Big Beautiful Bill. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que existen otros mecanismos más efectivos para disminuir la migración, como la cooperación para el desarrollo, afirmando que la gente migra por necesidad y que la mejor forma de apoyarla es mediante el bienestar.
Mientras tanto, el Economic Policy Institute reveló que nuevas reglas sumarán al menos 150 mil trabajadores agrícolas extranjeros con visas temporales H-2A previstos en Estados Unidos, pero redujeron sus salarios en hasta 32 por ciento. Daniel Costa, director de investigación del instituto, explicó que los cambios en la metodología para calcular los sueldos implican una disminución del 26 al 32 por ciento de los ingresos de estos campesinos, de los cuales el 90 por ciento son mexicanos.
Ante este panorama, la SRE mantiene alertas sobre la situación de más de 491 mil indígenas y 63 mil afromexicanos viviendo en Estados Unidos, quienes enfrentan barreras lingüísticas y legales agravadas por el endurecimiento de las políticas migratorias. Las autoridades mexicanas continúan insistiendo en investigaciones profundas para esclarecer las causas de los fallecimientos registrados bajo custodia extranjera.
