La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia estatal señaló a la exfuncionaria como operadora de Adán Augusto López Hernández, tras detectar una red de corrupción que involucra transferencias bancarias por más de 54 millones de pesos provenientes de las cuentas de la institución.
De acuerdo con las indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera, se identificaron aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano, incluyendo transferencias y pagos electrónicos, presuntamente realizadas por integrantes de esta red con recursos de origen ilícito. El monto total investigado suma 54 millones 876 mil 222 pesos, los cuales tenían su origen en cuentas bancarias del INVI.
Aunque la investigación abarca cifras millonarias, la imputación específica contra Villarreal González se centra en la disposición de 762,000 pesos para uso personal. Junto a ella, también fue vinculado a proceso Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto. Por otro lado, Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz desde hace más de dos años sin sentencia por el delito de peculado.
En este esquema de corrupción también han sido detenidos Edy Hassan, socio de Javier Ramírez, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del exfuncionario. Fuentes de la Contraloría Estatal señalaron que Villarreal y Reyes debieron ser acusados inicialmente por peculado, advirtiendo que el delito por el que actualmente están señalados podría ser desechado, lo cual contrasta con la acción legal formal ejercida por la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación revela que la red de corrupción persistió incluso durante la gestión del nuevo director del INVI, Benjamín García Meza, quien tomó el encargo el 2 de octubre de 2023. Documentos indican que García Meza estuvo relacionado con el desfalco y autorizó transferencias mientras la cuenta se vaciaba. El caso continúa bajo investigación para determinar el alcance total del daño patrimonial y la participación de otros actores en el manejo irregular de los fondos públicos.
