Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque con una modificación sustancial: se descartó la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027. La decisión fue tomada tras una negociación con el Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, que condicionó su voto favorable a la eliminación de ese apartado específico.
La reforma aceptada modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Según lo expuesto durante el proceso legislativo, el objetivo central de estos cambios es generar ahorros presupuestales en los congresos locales, ayuntamientos y el propio Senado, así como ajustar las remuneraciones de los funcionarios electorales. Esta versión del dictamen fue la que logró los consensos necesarios para avanzar, dejando fuera la iniciativa original que permitía a la jefa del Ejecutivo promover la revocación durante procesos comiciales.
Durante el debate, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó argumentos técnicos sobre los costos operativos. Martín Faz, consejero del organismo, señaló que, aunque la exclusión de la revocación de mandato es un punto positivo para la equidad de la contienda, persiste una complejidad operativa significativa para los comicios de 2027 debido a la concurrencia de otras elecciones. Por su parte, Carla Humphrey, también consejera del INE, participó en las discusiones relacionadas con la viabilidad de los procesos.
En torno a los costos del órgano electoral, se reveló que el INE pagó 2,419 millones de pesos conceptuados como ‘bono electoral’ a sus trabajadores en los tres últimos procesos comiciales. El desglose indica que en 2022, para la revocación de mandato, el monto fue de 449.2 millones de pesos; en el proceso federal de 2024 ascendió a 964.9 millones, y en 2025, para la elección del Poder Judicial, alcanzó los 1,005 millones de pesos. El instituto argumentó que eliminar este bono podría resultar más costoso al tener que cubrirse mediante el pago de horas extras.
Las reacciones políticas reflejaron la división en torno al resultado final. Michel González, secretaria general del PAN, declaró que México ganó al eliminarse el intento de convertir la revocación en una herramienta al servicio del poder, celebrando que la oposición diera la batalla. En contraste, Morena difundió mensajes en redes sociales calificando la aprobación como un triunfo del pueblo y asegurando que la transformación llega a lo local con menos privilegios. El PRI también emitió comunicados celebrando la modificación al dictamen.
Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, confirmó la postura de su fuerza política que permitió destrabar la votación en lo general, pero mantuvo el rechazo al contenido relativo al artículo 35 constitucional. Con esta resolución, la minuta pasa ahora a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación, cerrando una etapa de la agenda legislativa prioritaria para el gobierno federal sin incluir el cambio controversial en los tiempos de la consulta ciudadana.
