Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional que establece un tope máximo a las pensiones del personal de confianza en el sector público, limitando estos beneficios a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La votación en lo general registró 458 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, consolidando el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el recinto legislativo para esta modificación al artículo 127 de la Constitución.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos. De acuerdo con los datos duros de la investigación, el nuevo límite fija que las jubilaciones no podrán rebasar aproximadamente 70,000 pesos mensuales, cifra que corresponde al 50 por ciento del sueldo del presidente de la República. Previamente, el Senado de la República ya había dado su aprobación con 109 votos a favor y seis abstenciones.
Durante el proceso de discusión, se manifestaron posturas divergentes entre los legisladores oficialistas y algunos sectores de la oposición respecto a los alcances de la norma. Mientras diputados de Morena defendieron la reforma como una corrección necesaria a privilegios históricos obtenidos mediante compadrazgos o acuerdos políticos, representantes del PRI y otros partidos expresaron inconformidad por posibles omisiones y riesgos de retroactividad en la aplicación de la ley. A pesar de estas reservas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció su voto a favor de la iniciativa.
Previo y durante la sesión legislativa, se registraron movilizaciones de jubilados y pensionados en los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro, así como protestas simultáneas en Baja California, específicamente frente al Congreso local. Victoria Bentley, lideresa de la organización Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, figuró entre los actores que han externado su preocupación por los efectos de la medida. Las manifestaciones reflejan el temor de diversos grupos de retirados del servicio público sobre una posible afectación a sus derechos adquiridos.
Con la aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el proceso legislativo entra ahora en una nueva etapa crucial: la ratificación por parte de las legislaturas locales. Para que la reforma entre en vigor, será necesario el aval de al menos 17 congresos estatales. Una vez cumplido este requisito constitucional, el decreto será enviado a la presidenta para su firma y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma contempla excepciones específicas que han sido parte del debate técnico. Quedan fuera del tope establecido las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales y las derivadas de aportaciones sindicales en sistemas complementarios. La medida representa un cambio estructural en la política de remuneraciones y seguridad social para los altos funcionarios de confianza en México.
