Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó el denominado Plan B electoral durante la sesión del 25 de marzo, con 87 votos a favor y 41 en contra. La reforma, impulsada por la coalición oficialista integrada por Morena, PT y PVEM, modifica 103 artículos de la Constitución distribuidos en 46 decretos, pero excluyó la modificación al artículo 35 sobre revocación de mandato que inicialmente se contemplaba.
La aprobación se concretó tras retirar la propuesta de adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027, decisión que buscaba preservar la unidad de la coalición gubernamental. El proceso legislativo estuvo marcado por tensiones internas, particularmente por la resistencia del Partido del Trabajo a dicha modificación constitucional.
Entre los cambios aprobados destaca la limitación a 15 regidurías en los ayuntamientos, así como la reducción de bonos y prestaciones a funcionarios electorales del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales. Estas medidas buscan generar ahorros en el gasto público destinado a la operación electoral del país.
En la votación participaron los coordinadores parlamentarios de las fuerzas políticas representadas. Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, lideró la iniciativa desde el oficialismo. Por el PT intervino Alberto Anaya, senador y líder nacional del partido. El PVEM tuvo participación de Waldo Fernández y Luis Melgar, aunque existen registros contradictorios sobre la posición final de este último en la votación.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó el rechazo a la reforma de revocación de mandato con el temor de los partidos aliados a que su figura apareciera en la boleta electoral de 2027. Esta circunstancia política influyó en la decisión de excluir dicho apartado del paquete reformista aprobado en el Senado.
Los partidos de oposición, incluyendo el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, votaron en contra de la iniciativa. La reforma ahora deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para su entrada en vigor, una vez completados los trámites constitucionales requeridos.
