Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como Plan B, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras una sesión marcada por la división entre los partidos políticos. Con 128 senadores presentes, la iniciativa obtuvo 87 votos a favor, provenientes de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y una fracción de la coalición gobernante, mientras que 41 legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
La aprobación en lo general permite continuar el trámite legislativo de un paquete de medidas que incluye la eliminación de seguros médicos privados, pensiones especiales y regímenes de retiro para consejeros y magistrados electorales. Asimismo, el texto establece un tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento y limita el presupuesto de las legislaturas locales al 0.70 por ciento del gasto estatal. También se confirmó un recorte progresivo del 15 por ciento al presupuesto operativo del Senado.
Sin embargo, el punto medular de la propuesta original fue descartado durante el proceso. La opción de adelantar la revocación de mandato de la presidenta al año 2027, lo cual habría permitido su inclusión en la boleta electoral de ese año, no prosperó debido a la negativa del Partido del Trabajo (PT), aliado estratégico del oficialismo en otras materias. Esta divergencia marcó el límite de la convergencia legislativa en esta sesión.
Durante el debate, surgieron posturas encontradas sobre el impacto real de la reforma. Mientras el bloque promotor defendió la iniciativa como un mecanismo para eliminar privilegios y optimizar recursos públicos, voces opositoras y análisis preliminares del Instituto Nacional Electoral advirtieron sobre posibles efectos contraproducentes. Se señaló que la supresión de bonos por trabajo extra durante años electorales podría incrementar el gasto público al requerir la implementación de otros mecanismos para garantizar los derechos laborales de los funcionarios electorales.
La discusión también dejó al descubierto tensiones internas en la negociación política. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, hizo referencia pública a la existencia de presiones y ofertas en el marco de las tratativas legislativas, aunque no proporcionó detalles concretos sobre dichas maniobras. Por su parte, Oscar Cantón Zetina presentó argumentos en la tribuna senatorial en representación de las posiciones de su grupo parlamentario.
Con este avance parcial, la reforma electoral deberá someterse a la discusión en lo particular de cada artículo, donde se definirán los alcances finales de las nuevas reglas que regirán los comicios de 2027. La ruptura de la unanimidad en el tema de la revocación de mandato plantea un escenario complejo para la consolidación del resto de los cambios estructurales propuestos por el Ejecutivo federal.
