Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un límite máximo del 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal para las pensiones y jubilaciones de exfuncionarios de confianza en organismos públicos. La decisión se tomó durante la sesión del 25 de marzo de 2026, donde el dictamen fue avalado en lo general por unanimidad, mientras que en la votación en lo particular obtuvo mayoría calificada con registros de votos en contra y abstenciones según los reportes legislativos.
De acuerdo con la información disponible, la aprobación en lo general contó con 458 votos a favor. Sin embargo, al pasar a la discusión en lo particular, las cifras varían entre fuentes: algunos registros indican 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, modifica el Artículo 127 de la Constitución y será enviada ahora a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación.
Durante el debate en el recinto legislativo, se presentaron reservas por parte de diversos grupos parlamentarios. La diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su oposición a la medida advirtiendo sobre la violación al derecho humano de no retroactividad y señaló que la reforma deja exentos a otros servidores públicos, aunque sus declaraciones completas no fueron detalladas en los reportes disponibles. Por su parte, legisladores de otros partidos argumentaron la necesidad de poner orden en el sistema de pensiones para evitar privilegios.
El texto aprobado contempla excepciones específicas. Quedan fuera de este tope las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como los haberes de retiro vigentes y aquellas constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, aportaciones sindicales y las no contributivas. Asimismo, la reforma incluye ajustes en el lenguaje para hacerlo inclusivo, conforme a las discusiones recientes en el Congreso.
Previo y durante la votación, se registraron protestas de jubilados en el exterior del Palacio Legislativo de San Lázaro, quienes manifestaron su inconformidad con la iniciativa. Grupos parlamentarios como Movimiento Ciudadano plantearon preocupaciones sobre la afectación a derechos adquiridos y la posibilidad de que la medida genere incertidumbre jurídica o costos superiores a los ahorros previstos mediante amparos.
Con esta aprobación en la Cámara baja, el proceso legislativo continúa su trámite hacia las cámaras locales. La determinación busca concretar la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” en empresas como Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro, alineando los montos de retiro de altos funcionarios con la política de austeridad republicana, aunque persisten dudas sobre el impacto exacto en los montos finales debido a la falta de definición pública reciente de la remuneración base de referencia.
