Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de la reforma que reserva exclusivamente al Estado mexicano la exploración y explotación del litio. La resolución, emitida el 24 de marzo de 2026, confirmó la validez de los artículos 1, 5 bis y 10 de la Ley Minera, modificados en 2022 para nacionalizar este recurso estratégico.

La decisión se dio en el marco de la Acción de Inconstitucionalidad 78/2022, promovida originalmente por una minoría de senadores de oposición que cuestionaron la legalidad del decreto presidencial y la posterior legislación. Durante la sesión, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra actuó como ponente del proyecto, el cual fue aprobado por el alto tribunal.

En su análisis, la Corte concluyó que la norma no requirió de una consulta previa a los pueblos indígenas y afro Mexicanos. El argumento judicial estableció que se trata de una norma de carácter general que no tiene un impacto directo e inmediato sobre estas comunidades, por lo que no se activó la obligación internacional de consultarles antes de la emisión de la ley.

Con este fallo, se blindó jurídicamente la política energética actual que impide la participación de privados o extranjeros en la cadena productiva del litio, consolidando el control estatal sobre el mineral. La resolución pone fin al debate jurídico iniciado hace cuatro años respecto a la propiedad y gestión de este recurso en el territorio nacional.

La declaración de constitucionalidad implica que los preceptos impugnados permanecen vigentes y operativos, permitiendo al gobierno federal continuar con los planes de exploración y extracción a través de empresas públicas, sin la intervención de capitales privados en esta etapa de la industria minera.