Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó formalmente la iniciativa de la Ley General contra el Feminicidio, con el objetivo de erradicar este delito en todo el territorio nacional y garantizar que ninguna mujer muera por el solo hecho de ser mujer. Durante la conferencia de prensa, la mandataria enfatizó que la nueva legislación busca evitar que los feminicidios sean catalogados erróneamente como suicidios, estableciendo un marco jurídico más robusto para la protección de las mujeres.

La iniciativa propone homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, obligando a las fiscalías a investigar las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis inicial de feminicidio. La propuesta contempla nueve razones de género para configurar el delito, establece una pena de prisión de 40 a 70 años y define 21 agravantes. Ernestina Godoy, fiscal general de la República, declaró que este delito, que afecta a miles de mujeres, debe ser erradicado mediante acciones contundentes del Estado.

En cuanto al proceso legislativo, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, confirmó que el grupo parlamentario respaldará sin duda esta iniciativa, describiéndola como un gran reclamo social y una demanda ciudadana. Monreal adelantó que se prevé modificar el Artículo 19 de la Constitución para elevar el feminicidio a la categoría de delito grave, lo que implicaría cambios sustanciales en la forma en que se procesan estos casos judicialmente.

La presentación de esta ley ocurre en un contexto de violencia persistente contra las mujeres. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 54 feminicidios en México en lo que va de 2026. Estas cifras subrayan la urgencia de la medida propuesta por el gobierno federal para combatir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Con esta acción, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca dar respuesta a una de las demandas más críticas de la sociedad mexicana, alineando las políticas de seguridad y justicia con la protección de los derechos humanos de las mujeres. La iniciativa será remitida al Senado para su discusión y aprobación, marcando el inicio de un debate legislativo centrado en la vida y la seguridad de las mujeres en México.

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