Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez del Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California vinculó a proceso al exgobernador Jaime Bonilla Valdez por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. La decisión judicial, emitida el 24 de marzo, es consecuencia de una audiencia que inició el 23 de marzo a las 09:23 horas y se extendió por más de 23 horas, en la cual la Fiscalía General del Estado presentó elementos para investigar la firma de un contrato millonario con la empresa Next Energy para una planta fotovoltaica que nunca fue edificada.
La autoridad judicial, encabeza por el juez Gerardo Anguiano Ceja, determinó que existen elementos suficientes para que Bonilla enfrente un juicio penal en calidad de coautor y con dolo. La acusación se centra en un contrato plurianual por 4,500 millones de pesos a 30 años, que comprometía las finanzas estatales garantizadas con aportaciones federales. De dicho acuerdo, se realizó un pago inicial de 123 millones de pesos a la contratista Next Energy, sin que el proyecto energético se concretara en el Valle de Mexicali.
Durante la audiencia, la defensa legal representada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez presentó cinco líneas argumentativas para intentar desestimar la imputación. Entre sus posturas, cuestionaron la competencia de la autoridad que lleva el caso y argumentaron la falta de pruebas para sustentar los delitos, así como la naturaleza del contrato de servicios frente a la tipificación del delito de uso ilícito de atribuciones. No obstante, el juez resolvió avanzar con el proceso penal.
Como parte de la resolución, el magistrado estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y fijó como medida cautelar el pago de 100 mil pesos. Este caso marca un punto de inflexión en la relación política entre Bonilla, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021 bajo la bandera de Morena y actualmente lidera el Partido del Trabajo (PT), y la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
El proceso judicial había enfrentado retrasos previos debido al fuero constitucional que gozaba Bonilla durante su periodo como senador, así como por ausencias en audiencias. Fue hasta inicios de marzo de 2026 cuando se giró una orden de presentación para forzar su comparecencia. La vinculación a proceso implica que el exmandatario deberá enfrentar las siguientes etapas del sistema penal acusatorio hasta que se determine su responsabilidad mediante sentencia.
