Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana múltiples facetas críticas, desde el hallazgo de restos humanos y crematorios clandestinos en Jalisco hasta la localización con vida de siete electricistas en San Luis Potosí, en un contexto marcado por la denuncia de ataques a defensores de derechos humanos y la minimización de alertas por parte del gobierno federal.
En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, coordinado por Ivonne Gutiérrez, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La activista señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de las pruebas. Este hallazgo se suma a la gravedad de la situación en la entidad, donde hasta finales de 2025 se registraron 297 personas desaparecidas en Yucatán, aunque el foco de búsqueda actual se concentra en la zona tequilera.
Por otro lado, en Matehuala, San Luis Potosí, un operativo de seguridad con el despliegue de 600 agentes logró localizar con vida a siete electricistas que habían sido interceptados por un grupo criminal. Según declaró un electricista anónimo a medios, los trabajadores fueron retenidos más de dos días con el objetivo de reclutarlos forzosamente. La intervención del Gabinete de Seguridad permitió su liberación, destacando uno de los pocos resultados positivos en medio de la emergencia nacional.
La búsqueda independiente sigue arrojando resultados dolorosos. Ceci Flores, madre buscadora, aseguró haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, se desconoce aún la identidad completa del joven y si se ha realizado la confirmación oficial mediante pruebas de ADN, manteniendo a la familia en la incertidumbre mientras esperan la validación forense.
La situación de los defensores de derechos humanos se ha agravado. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo de 2026. La organización señaló un ‘riesgo inminente’ para su personal y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques, que se suman a las intimidaciones reportadas contra el periodista Rolando Sánchez Quintero en Guerrero.
En contraste con la gravedad de los reportes, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado afirmando que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo ‘se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito’. Esta declaración contrasta con la percepción de crisis y los reportes periodísticos que sugieren omisiones institucionales, como la demora en la activación de alertas en Yucatán y la falta de respuesta concreta en casos como la desaparición de Pablo Jared Vallejo Adame.
Mientras las familias continúan su lucha, en Torreón, Coahuila, el colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos mantiene pláticas con el Ayuntamiento para lograr pensiones para los afectados. No obstante, Cristian Castro Cigala, representante legal del grupo, informó que el municipio argumenta que ‘no hay una forma jurídicamente posible’ para integrarlos al fondo de pensiones, dejando a las víctimas en un limbo administrativo mientras la violencia y la impunidad siguen cobrando vidas en todo el país.
