Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras una audiencia que se extendió por casi 24 horas y que inició el 23 de marzo. La resolución fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja en la Ciudad de México, donde se fijó una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Baja California acusa al exfuncionario de cometer irregularidades durante su gestión que derivaron en un compromiso financiero de 123 millones de pesos mensuales por un periodo de 30 años. Según las autoridades, el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, que nunca se materializó, representa un daño al erario estatal.

En su defensa, Bonilla Valdez argumentó que los pagos vinculados al proyecto se realizaron entre enero y febrero de 2022, fecha en la que aseguró ya no se encontraba en funciones como gobernador. Asimismo, sostuvo que su administración únicamente tenía la obligación de pagar por un servicio y no la de construir la infraestructura, contradiciendo las acusaciones sobre la emisión de permisos y compromisos financieros irregulares.

El caso involucra directamente a la administración que encabeza la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien lidera el estado donde se originó la controversia contractual. La investigación fiscal se centra en determinar la responsabilidad del exmandatario en la firma de acuerdos que comprometieron fondos públicos a largo plazo sin la contraparte de la obra prometida.

Jaime Bonilla Valdez, quien gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT), enfrenta ahora un proceso legal que podría derivar en sanciones penales si se confirman los delitos de daño al erario. La defensa del exgobernador mantiene que las acciones cuestionadas corresponden a periodos posteriores a su mandato o fueron malinterpretadas en su naturaleza contractual.

Con la vinculación a proceso, la justicia establece un periodo semestral para recabar pruebas adicionales que permitan esclarecer los hechos y definir la situación jurídica definitiva del implicado. El caso Next Energy se suma a la lista de investigaciones por presunta corrupción que afectan a exfuncionarios de la entidad fronteriza.