Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), generando una controversia legal sobre las atribuciones de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) para validar dichas entidades.
La acción fiscal se basa en el argumento de que la SECIHTI no contaba con las facultades legales para acreditar las actividades de estas organizaciones, motivo por el cual el organismo tributario procedió a dar de baja los permisos. Según reportes, al menos 13 organizaciones ya han sido formalmente eliminadas del registro, aunque el impacto afecta a un grupo mayor que supera la centena de instituciones.
Existe una discrepancia central en el caso del IMCO, el cual asegura haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y haber obtenido la acreditación correspondiente por parte de la SECIHTI. Sin embargo, la interpretación del SAT anula dicha validación, dejando a las entidades sin la posibilidad de emitir deducciones fiscales a sus donantes y cuestionando la certeza jurídica de los procesos de autorización intersecretarial.
El IMCO, asociación civil fundada en 2003, se encuentra entre los afectados por esta medida. La organización ha señalado que actuó conforme a la normativa vigente al momento de su acreditación, pero la nueva disposición exige revisar los fundamentos de autoridad de la secretaría que emitió los dictámenes originales.
Ante la revocación, se ha presentado una nueva solicitud de registro ante el SAT el pasado 18 de noviembre, aunque se desconoce la resolución final de dicho trámite. La falta de claridad sobre las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades mantiene en incertidumbre al sector de la sociedad civil.
Este movimiento ocurre en un contexto donde diversas fuentes internacionales han señalado narrativas de criminalización hacia las organizaciones no gubernamentales, aunque no se aportan datos específicos que vinculen directamente el caso mexicano con tendencias globales. La situación deja a más de 100 entidades en un limbo administrativo mientras se definen los criterios definitivos de validación por parte de las autoridades federales.
