Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio de colaboración el 20 de marzo de 2026 con el objetivo de incorporar la igualdad sustantiva y la no discriminación en la labor jurisdiccional. El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un acto celebrado en la capital del país, donde también participaron representantes del Senado de la República.
En paralelo a este avance institucional, organizaciones de la sociedad civil como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México emitieron un posicionamiento exigiendo que los derechos de los pueblos indígenas dejen de ser solo declarativos para convertirse en vinculantes. Estas agrupaciones demandan la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, cuyo contenido y estatus legislativo no han sido especificados por las autoridades hasta la fecha.
Desde el legislativo, la senadora Malú Micher realizó un llamado para uniformar las leyes de género en todos los estados de la República, buscando armonizar la legislación local con los estándares federales. Sin embargo, la investigación no detalla si el Senado o la SCJN han establecido plazos concretos o mecanismos de seguimiento para lograr esta armonización legislativa en las entidades federativas.
El panorama de justicia en México presenta contradicciones entre el discurso oficial y la práctica judicial. Mientras las instituciones anuncian compromisos con los derechos humanos, se ha señalado una actuación cuestionable de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien otorgó un amparo a un empresario acusado de fraudes. Este caso específico genera interrogantes sobre la procuración de justicia, aunque no existe información disponible sobre la reacción del Poder Judicial ante dichas críticas ni se especifica el nombre del beneficiario del amparo más allá de su descripción como empresario.
En el ámbito de la transparencia y datos, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reportó que la Plataforma Nacional de Datos Abiertos ha sumado más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones, consolidándose como una de las mayores de América Latina. Este repositorio de información coexiste con un sistema de justicia que enfrenta simultáneamente la firma de acuerdos de igualdad, la demanda de reconocimiento indígena y la controversia por decisiones judiciales específicas.
