Por Redacción
Washington, 21 de marzo de 2026.- El Senado de Estados Unidos rechazó este viernes aprobar una ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por lo que se mantiene el cierre parcial de la agencia que comenzó el pasado 14 de febrero. La votación registró 47 votos a favor y 37 en contra, mientras que 16 senadores no participaron en la decisión, dejando sin presupuesto a la institución en medio de un estancamiento político entre republicanos y demócratas.
La falta de financiamiento tiene impactos operativos inmediatos, pues más de 100,000 empleados esenciales del departamento continúan trabajando sin paga. Según reportes, la situación está causando importantes retrasos en los aeropuertos del país, aunque no se detallaron cifras específicas sobre la magnitud de las demoras en el tránsito aéreo.
El bloqueo legislativo ocurre mientras Markwayne Mullin, ex peleador de artes marciales mixtas de Oklahoma, se encuentra en proceso de asumir la titularidad del DHS. Fuentes indican que la mayoría de las agencias bajo su futura supervisión llevan operando sin fondos desde mediados de febrero, lo que complica la transición y la gestión administrativa del nuevo secretario designado por la administración de Donald Trump.
El origen del conflicto radica en el desacuerdo entre las bancadas sobre las políticas migratorias implementadas por el gobierno federal. Los demócratas, liderados por Chuck Schumer, exigen cambios operativos para las fuerzas de ICE y la Patrulla Fronteriza, incluyendo la prohibición de que los agentes operen con el rostro cubierto y la necesidad de órdenes judiciales para realizar allanamientos. Estas condiciones han sido vinculadas directamente a la aprobación de cualquier legislación de financiamiento.
Ante el resultado de la votación, el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional se extiende por tiempo indefinido. La continuidad de las operaciones críticas depende del trabajo no remunerado del personal esencial, mientras los líderes legislativos de ambos partidos mantienen sus posturas irreconciliables respecto a los límites que debe tener la ejecución de la ley migratoria en la frontera sur.
