Por Redacción
Tijuana, 21 de marzo de 2026.- La actividad judicial en Baja California concentró esta semana atención sobre casos de alto perfil que involucran a una exjueza acusada de fraude, un excampeón de boxeo y exfuncionario municipal vinculado a abuso sexual, así como mandos policiales amenazados por el crimen organizado tras el aseguramiento de toneladas de narcóticos. Los eventos, reportados principalmente en Tijuana, exponen la complejidad del entorno legal y de seguridad en la región.
Lourdes Molina, exjueza en la entidad, enfrenta un proceso legal diferido por su presunta participación en un esquema piramidal asociado a la plataforma Terablock. La audiencia fue reprogramada, sin que hasta el momento se haya especificado si la falta de comparecencia de la implicada derivará en consecuencias procesales inmediatas. El caso mantiene bajo escrutinio la actuación de funcionarios judiciales en operaciones financieras cuestionadas.
En otro frente judicial, Erik ‘Terrible’ Morales, excampeón mundial de boxeo y exfuncionario municipal, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual. La víctima denunciante, cuya identidad completa no ha sido divulgada en los reportes, señaló que los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2025. La vinculación a proceso marca un giro significativo en la trayectoria pública del deportista.
La seguridad en la región fue puesta a prueba con la aparición de una manta amenazante dirigida contra Sergio Chávez Mondaca, director de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate al Narcotráfico (FESC). El mensaje hace referencia al aseguramiento de 1,700 libras de droga, cantidad que reportes indican incluye 29.34 kilos de metanfetamina y 38 kilogramos de cocaína. Aunque la manta alude a un evento ocurrido un lunes, la difusión de la noticia se dio el viernes 20 de marzo, existiendo una discrepancia en las fechas reportadas sobre el decomiso.
El contexto de corrupción y narcotráfico en el sistema de justicia local incluye antecedentes de agentes del Ministerio Público capturados por estas actividades. Octavio Andree Espino Torres, exagente del MP, y Ana Sofía López Osuna, agente en funciones, figuran en registros relacionados con ilícitos de narcotráfico, aunque el estado actual de sus procesos judiciales no ha sido detallado en las fuentes disponibles. No se ha identificado oficialmente al grupo delictivo detrás de las amenazas recientes.
Estos episodios reflejan una convergencia de conflictos en el sector inmobiliario, legal y de seguridad que mantiene tensa la situación en Baja California. Las autoridades enfrentan el desafío de avanzar en las investigaciones de fraude y abuso, mientras gestionan la presión ejercida por el crimen organizado sobre las instituciones encargadas de combatir el tráfico de estupefacientes.
