Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A exactamente un año de la entrada en vigor de las reformas que extinguieron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el organismo sucesor, Transparencia para el Pueblo, ha resuelto 5,921 recursos de revisión desde que comenzó a operar en junio de 2025. Esta cifra contrasta con las 53,233 resoluciones emitidas por el extinto INAI durante todo el año 2024, lo que representa una disminución superior al 88 por ciento en el volumen de casos atendidos, aunque la comparación debe considerar que el nuevo ente lleva apenas nueve meses de funciones efectivas.
La drástica reducción en la capacidad de respuesta ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia del nuevo modelo de rendición de cuentas. Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que no existe manera de evaluar adecuadamente al nuevo órgano debido a la falta de datos públicos sobre su desempeño operativo. Esta postura refleja la preocupación de sectores que monitoreaban la transición, especialmente considerando que entre enero y marzo de 2025, el entonces vigente INAI aún lograba resolver más de 8,000 recursos, un ritmo muy superior al promedio mensual actual de su sucesor.
Más allá de las cifras operativas, la nueva estructura de transparencia enfrenta su primera prueba de fuego en materia de controversias institucionales. El Órgano Interno de Control (OIC) determinó recientemente que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe hacer pública la información relativa al contrato INE/050/2025, revocando la reserva de cinco años que la autoridad electoral había impuesto. El INE había argumentado que los detalles del contrato, que incluye la adquisición de más de 300 cámaras de videovigilancia para ocho edificios y 32 juntas locales, ponían en riesgo la seguridad nacional y la integridad de su personal ante la violencia actual.
Sin embargo, el OIC desestimó dichos argumentos al concluir que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional, ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna. Esta decisión fue impulsada tras un recurso de revisión presentado por el medio de comunicación La Silla Rota, que solicitó la transparencia del acuerdo firmado con la empresa Verkada. El INE, por su parte, había justificado la opacidad alegando que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y resultaba inadecuado para las condiciones actuales.
El caso pone de manifiesto las tensiones entre los órganos encargados de la vigilancia y las instituciones sujetas a obligación de transparencia en el nuevo escenario post-INAI. Mientras el INAI recibió un millón de solicitudes de información únicamente en 2024, la capacidad de respuesta y los criterios para declarar la reserva de información bajo la administración de Transparencia para el Pueblo serán determinantes para definir si el derecho de acceso a la información se mantiene con los mismos estándares que en la década anterior.
La controversia sobre el contrato del INE marca un precedente sobre cómo el nuevo sistema manejará las solicitudes de información clasificada como seguridad nacional, un tema sensible dado el contexto de violencia política en el país. La resolución del OIC establece que la transparencia prevalece sobre la reserva cuando no existen riesgos técnicos demostrados, una doctrina que será observada con atención por la sociedad civil y los actores políticos en los próximos meses.
