Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el órgano judicial determinó que no se cometió delito alguno y subrayó que corresponde al tribunal revisar las posibles violaciones a las leyes electorales.
“Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum al responder sobre el caso. Agregó que es necesario analizar los fundamentos en los que se basó la resolución, dado que el TEPJF cuenta con mecanismos propios para evaluar este tipo de situaciones. La postura oficial del gobierno federal se alinea con la decisión del tribunal, cerrando la vía administrativa sobre la interpretación de los hechos ocurridos en 2020.
En contraste, Carlos Loret de Mola, periodista de LatinUS quien difundió originalmente las grabaciones junto con el actor David León, rechazó categóricamente la absolució. El comunicador calificó la decisión como “una venganza del régimen” y denunció que todas las instituciones del Estado relacionadas con el caso se han alineado para exonerar al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Loret de Mola sostuvo que la resolución ignora la evidencia de los hechos.
Como parte de su defensa legal y respuesta a la difusión de los videos, se han presentado demandas por daño a la imagen contra LatinUS y contra Carlos Loret de Mola, cada una por un monto de 200 millones de pesos. Estas acciones legales buscan reparar el perjuicio causado a Pío López Obrador tras la publicación del material en el que, según declaraciones previas del exmandatario, el dinero estaba destinado al partido Morena.
Medios de comunicación y analistas han cuestionado la naturaleza de la resolución. López-Dóriga Digital publicó un editorial indicando que un “tribunal constitucional a la medida” absolvió a Pío López Obrador de lo que, en los hechos, consideraban “inabsolvible”. Esta divergencia de opiniones marca la polarización entre la interpretación jurídica oficial y la percepción de sectores de la prensa sobre la imparcialidad del proceso.
El caso tiene sus raíces en 2020, cuando fueron grabados y dados a conocer los videos de la recepción de fondos. A pesar de la absolución por parte del TEPJF, las demandas civiles por daños morales continúan en curso, manteniendo la controversia activa en el ámbito legal y político. La investigación no detalla los argumentos jurídicos específicos que el tribunal utilizó para emitir su fallo ni la fecha exacta de dicha resolución, más allá de la reacción gubernamental registrada este 20 de marzo.
