Por Redacción

Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las acusaciones por financiamiento ilícito al partido Morena. La resolución, emitida entre el 18 y 19 de marzo de 2026, concluye que no hay pruebas contundentes que vinculen al implicado con delitos electorales, cerrando definitivamente un proceso legal que se arrastró desde agosto de 2020.

El caso tuvo su origen en la difusión de videos grabados en 2015 en el estado de Chiapas, donde se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo de manos de David León Romero. En las imágenes se mencionan montos de 1 millón de pesos y 400 mil pesos. A pesar de esta evidencia visual, la magistrada Mónica Soto y el resto de la Sala Superior determinaron que los materiales no constituían un elemento probatorio suficiente para demostrar la comisión de una falta o delito, descartando la existencia de un rastreo del dinero que confirmara su destino hacia campañas políticas.

Pío López Obrador ha mantenido su postura de inocencia durante todo el proceso, declarando públicamente que no ha cometido ninguna falta. Esta posición contrasta con las contradicciones señaladas por fuentes periodísticas, que enfatizan la presencia de los videos como evidencia de la recepción de recursos, aunque el tribunal priorizó la falta de trazabilidad financiera para su dictamen.

La trayectoria legal de este expediente incluye múltiples instancias. El Instituto Nacional Electoral (INE) cerró su investigación en 2021 alegando prescripción de la falta. Posteriormente, en octubre de 2022, la Fiscalía General de la República archivó el caso penal por falta de elementos para integrar un delito. Pío López Obrador había impugnado las acciones en su contra ante el TEPJF desde octubre de 2020, buscando limpiar su nombre frente a las acusaciones impulsadas inicialmente por la difusión de los materiales a través del medio Latinus, dirigido por Carlos Loret de Mola.

Con esta última resolución, el TEPJF pone punto final a la controversia jurídica, validando la tesis de que la mera aparición en grabaciones sin un contexto financiero documentado no es suficiente para establecer responsabilidad en materia de financiamiento ilícito. La decisión ocurre en un contexto donde el hermano del mandatario ya había enfrentado el cierre de investigaciones en otras instancias federales.

Se mantiene pendiente de resolución pública el estado actual de la demanda por afectaciones al prestigio que Pío López Obrador interpuso en su momento contra el periodista Carlos Loret de Mola, así como los detalles específicos sobre por qué los videos no tuvieron valor probatorio técnico para el tribunal, información que no fue detallada en la resolución emitida esta semana.

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