Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo ayer la revisión de un caso de presunto huachicol fiscal, considerado el más relevante hecho público en el país, debido a la falta de procedibilidad en el proceso penal original. La decisión busca determinar si corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a la Administración General de Aduanas (ANAM) representar el interés fiscal en este tipo de delitos.
El caso involucra a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, quienes están vinculados a la presunta sustracción de 21.5 millones de litros de diésel. La empresa identificada en la investigación es Administración de Impulsora de Productos Sustentables, aunque no se especificó su ubicación exacta en los datos disponibles.
Previamente, un tribunal federal en Veracruz anuló el proceso penal contra los involucrados. La anulación se fundamentó en el incumplimiento del requisito de procedibilidad, específicamente por la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM. Además, se señaló una citación incorrecta durante la audiencia inicial, cuya fecha exacta no ha sido divulgada.
La atracción del caso por parte del máximo tribunal permitirá esclarecer las competencias institucionales en la persecución de delitos contra el fisco federal relacionados con combustibles. La SCJN examinará los argumentos legales para definir qué autoridad debe encabezar la representación del interés fiscal en estas causas, estableciendo un precedente para futuros litigios similares.
Este movimiento judicial ocurre en un contexto de endurecimiento contra el robo de hidrocarburos y la evasión fiscal. La resolución de la Corte podría modificar los protocolos de actuación entre las agencias aduaneras y la autoridad tributaria, impactando la estrategia legal del gobierno federal para combatir el huachicol.
Se mantiene a la espera de la hora exacta en que se formalizó la decisión de atracción y de los detalles de la audiencia inicial que fue anulada, datos que no fueron proporcionados en los informes iniciales. La definición de la procedibilidad será clave para reactivar o extinguir la acción penal en este caso de gran magnitud.
