Por Redacción

Los Ángeles, 20 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó este jueves una proclamación que declara el último lunes de marzo como ‘Día de los Trabajadores Agrícolas’ en la ciudad, sustituyendo la conmemoración previa dedicada a César Chávez. La medida responde a graves acusaciones de abusos sexuales contra niñas y agresiones a mujeres adultas perpetradas por el fallecido líder sindical, reveladas recientemente por el diario The New York Times.

La investigación periodística sacó a la luz denuncias de Ana Murguia y Debra Rojas, quienes acusaron a Chávez de haber abusado de ellas cuando eran menores de edad durante la década de 1970. Asimismo, la dirigente sindical Dolores Huerta confirmó que fue agredida sexualmente por Chávez en la década de 1960, lo que intensificó la presión sobre las autoridades locales para reevaluar los homenajes públicos al activista.

Ante el escándalo, la administración de Bass no solo modificó la denominación del día festivo local, sino que anunció que evaluará el cambio de nombre de lugares emblemáticos de la ciudad que actualmente honran a Chávez. Esta acción se alinea con esfuerzos más amplios en California, donde líderes demócratas trabajan en una iniciativa para cambiar la denominación del día festivo estatal programado para el 31 de marzo.

La decisión marca un giro significativo en la narrativa histórica sobre el movimiento laboral chicano, separando el legado de lucha campesina de las conductas delictivas imputadas a su máximo exponente. La nueva festividad busca centrarse en la colectividad de los trabajadores del campo sin mantener la figura individual de Chávez en el calendario oficial de la urbe.

Mientras se procesan estas cambios administrativos, permanecen pendientes respuestas formales de la familia de César Chávez respecto a las acusaciones, así como los resultados de posibles investigaciones legales previas. La transformación del calendario en Los Ángeles sienta un precedente sobre cómo las ciudades modernas gestionan el legado de figuras públicas cuando surgen evidencias de graves misconductos.

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