Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, enfrenta un debate intenso con críticas y reservas de partidos opositores e incluso de aliados. El Partido Acción Nacional (PAN) cuestiona que la propuesta no ataque problemas centrales como el dinero del narcotráfico en elecciones, mientras que el Partido del Trabajo (PT) muestra divisiones internas sobre la fecha para realizar una nueva revocación de mandato.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, calificó aspectos de la iniciativa como una “farsa” y “torpezas vulgares”, señalando específicamente la eliminación de la paridad de género en los ayuntamientos. Aunque su bancada apoya el recorte presupuestal progresivo del 15% al Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que otras medidas podrían generar mayores costos operativos en los municipios. “No resuelve el dinero del narco en elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena”, afirmó Anaya Cortés.
Por su parte, el PT anunció su respaldo general al Plan B, pero con reservas significativas. Benjamín Robles, dirigente nacional del partido, expresó su preferencia porque la revocación de mandato se realice en 2028 y no en 2027, para evitar riesgos a la equidad en el proceso electoral. “Cuestionamos que el proceso sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía”, señaló Robles. Esta postura contrasta con la de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, quien aseguró que votará a favor sin reservas, mientras otro integrante, Alejandro González Yáñez, indicó que la bancada sigue evaluando.
El diputado Rubén Moreira alertó que el Plan B busca influir en los comicios de 2027 más que ser una reforma de fondo, y calificó como un retroceso democrático la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación. “Es un intento de afectar la equidad en las próximas elecciones”, afirmó.
En el centro del debate están las propuestas que afectan al INE, incluyendo un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben alrededor de 262 mil pesos brutos al mes, y el recorte presupuestal progresivo. El instituto ha defendido históricamente su autonomía presupuestal, y los choques con el poder Ejecutivo y Legislativo en esta materia se arrastran desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa también modificaría la integración de los ayuntamientos, afectando a 56 municipios con reducción de regidurías y a 1,089 con aumento, según las cifras manejadas en el debate. El personal del INE, que asciende a unos 18,000 trabajadores, sería otro de los impactados por los cambios presupuestales.
El debate se enmarca en un contexto donde la revocación de mandato ya fue utilizada en 2022, proceso que fue criticado por algunos sectores como un instrumento de promoción política más que de rendición de cuentas ciudadana. La postura oficial de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como la reacción de la Presidencia ante las críticas, aún no se han detallado públicamente de manera completa.
