Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- Tres personas fallecieron tras el colapso de un edificio en San Antonio Abad 124, alcaldía Cuauhtémoc, desatando un conflicto entre autoridades locales y capitalinas sobre la responsabilidad de la supervisión de la demolición. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega atribuyó la culpa al gobierno de la Ciudad de México por el Acuerdo de Facilidades que autorizó los trabajos, mientras que el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, aseguró que la vigilancia correspondía primordialmente a la alcaldía.
El permiso de demolición había sido negado inicialmente el 17 de octubre pasado debido a la detección de al menos 10 riesgos graves en la estructura. Sin embargo, apenas tres días después fue autorizado mediante un Acuerdo de Facilidades, mecanismo que según Rojo de la Vega obligaba a las autoridades capitalinas a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad.
“La demolición debía ser supervisada por el gobierno capitalino mediante Acuerdo de Facilidades, que obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”, declaró la alcaldesa, quien calificó la decisión de autorizar la demolición como deliberada: “No fue un error. Fue una decisión”.
Por su parte, el secretario Inti Muñoz Santini sostuvo en conferencia de prensa que “la responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades”. Esta postura contradice directamente la versión de la alcaldesa y profundiza la controversia institucional.
El incidente ocurrió el pasado 9 de marzo en el número 124 de la calle San Antonio Abad, aunque se desconoce la hora exacta del colapso y la identidad de las tres víctimas mortales. Tampoco ha sido revelado el nombre de la empresa propietaria del inmueble ni el estado actual de la investigación oficial sobre las causas específicas del derrumbe.
La tragedia evidencia las tensiones en la coordinación entre alcaldías y gobierno central en materia de obras y demoliciones en la capital, particularmente en procesos de alto riesgo donde la supervisión técnica resulta crucial para prevenir accidentes fatales.
