Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, planteó la necesidad de realizar ajustes a la reforma judicial, en medio de un debate sobre el funcionamiento y costo de los organismos autónomos. En paralelo, un estudio del Centro de Estudias de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha ejercido más de 242 mil millones de pesos entre 2018 y 2026, destinando casi el 40% de su presupuesto de este año al financiamiento de partidos políticos.
La ministra Esquivel Mossa, sin entrar en detalles específicos, mencionó que existen propuestas de un “decálogo de ajustes” para la reforma constitucional en materia judicial que se discute actualmente. Sus declaraciones se dieron en un contexto de revisión del papel y la estructura del Poder Judicial.
De manera separada, el análisis presupuestal del órgano técnico de los diputados arrojó cifras concretas sobre el gasto del INE. Para el ejercicio fiscal de 2026, el instituto electoral cuenta con un presupuesto donde tres capítulos de gasto concentran el 98.2% de los recursos. El rubro más significativo es el financiamiento público a los partidos políticos, que absorbe el 39.3% del total.
Desde otro organismo autónomo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, hizo un llamado para que las controversias políticas se resuelvan en las urnas y no a través de los tribunales. Bátiz García enfatizó la promoción de mecanismos alternativos de solución de controversias para descongestionar la carga de trabajo judicial.
Estos pronunciamientos simultáneos de figuras clave en la Corte, el órgano legislativo y el tribunal electoral reflejan un debate nacional en curso sobre la arquitectura institucional mexicana. La discusión abarca desde la eficiencia en el gasto de organismos como el INE hasta la posible reconfiguración del sistema de justicia y los límites de la intervención judicial en contiendas políticas.
El contexto se enmarca en una agenda pública que cuestiona el costo, la autonomía y el funcionamiento de diversas instituciones del Estado. Las propuestas de ajuste a la reforma judicial y las cifras sobre el financiamiento partidista podrían alimentar futuras discusiones legislativas y presupuestales en el Congreso de la Unión.
