Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que cuatro exfuncionarios del Estado reciben pensiones superiores al millón de pesos mensuales, en medio de un creciente escrutinio público sobre el gasto en jubilaciones. Paralelamente, el partido Morena enfrenta críticas por el despliegue de espectaculares de sus aspirantes en Coahuila, violando acuerdos internos que prohibían esta práctica. Los hechos, documentados entre el 13 y 14 de marzo, exponen tensiones en la gestión pública y la disciplina partidista.
Según datos oficiales, los exfuncionarios Jorge Evodio Chapa de la Torre, Edgar Velázquez, Kenneth Sydney Smith y Carlos Arturo Sánchez Magaña perciben mensualmente 1,077,000; 1,037,000; 1,037,000 y 1,107,000 pesos, respectivamente. Además, 21 personas reciben entre 987,000 y 181,000 pesos, mientras el gasto total en pensiones de empresas estatales y banca de desarrollo supera los 94,000 millones de pesos anuales.
En el ámbito electoral, el Instituto Electoral de Coahuila enfrenta impugnaciones del Partido Acción Nacional (PAN) por espectaculares de aspirantes morenistas, pese a que el Consejo Nacional del partido oficialista prohibió el 7 de marzo esta forma de promoción. El senador Gerardo Fernández Noroña reconoció que se trata de una práctica recurrente en procesos internos, aunque defendió la legalidad de los mismos.
La controversia se enmarca en negociaciones internas de la coalición gubernamental (Morena, PT, PVEM) para un acuerdo de unidad y un “plan B” electoral, cuyos detalles completos aún no se han revelado. Analistas políticos señalan que estos episodios reflejan tensiones entre la retórica de austeridad del gobierno y prácticas heredadas, así como desafíos en la coordinación de la maquinaria electoral oficialista.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer una respuesta formal del Instituto Nacional Electoral a la solicitud del PAN sobre geolocalización de espectaculares, ni se han detallado mecanismos legales o reformas propuestas para modificar las pensiones consideradas “doradas” por críticos y expertos en transparencia.
